En 1998 Hugo Chávez ganó la
presidencia de Venezuela. Durante su campaña criticó duramente la corrupción de
gobiernos anteriores y prometió erradicarla. Sin embargo, durante los 15 años
que lleva el chavismo en el poder no han cesado las denuncias en esa materia.
La más reciente provino del Departamento de Estado de Estados Unidos, que
aseguró que funcionarios venezolanos blanquearon cerca de 4,2 millardos de
dólares en la Banca Privada d’Andorra.
Sobre este caso la fiscal
general, Luisa Ortega Díaz, pidió, a través de la Cancillería, la información
de las cuentas de los venezolanos en esa institución financiera.
Actualmente Venezuela es considerada
uno de los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de
Corrupción de Transparencia Internacional. Advierte que Venezuela es una de las
14 naciones más corruptas: ocupa el puesto 161 entre 175 países.
En el índice el país solo
obtuvo 19 de puntos sobre 100, lo que denota que continúa siendo percibida como
una nación con grandes riesgos de corrupción en el sector público. Es el país
peor valorado de toda América, solo superado por naciones como Yemen, Libia,
Afganistán, Corea del Norte y Somalia.
En 2013 el presidente
Nicolás Maduro pidió poderes especiales para legislar contra la corrupción. Sin
embargo, de acuerdo con Transparencia Venezuela, lo grave es que no se toman
realmente medidas para solucionar la situación. El país ha ocupado lugares
similares desde hace nueve años.
Uno de los casos de
corrupción más emblemáticos se remonta al año 2007, cuando el empresario
venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson entró en Argentina con un
maletín en el que llevaba 790.550 dólares. Ese dinero supuestamente lo envió
Hugo Chávez para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de
Kirchner.
Después de 2 años, en 2009,
en el terminal marítimo de Puerto Cabello, estado Carabobo, se hallaron 123.725
toneladas de alimentos descompuestos, que debieron ser distribuidos por la red
oficial Pdval.
Luego, en 2013, el entonces
ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, admitió que por el
Sistema de Transacciones con Título en Moneda Extranjera salieron del país 25
millardos de dólares.
En ninguno de esos casos se
ha sancionado a los culpables. Mercedes De Freitas, directora de Transparencia
Venezuela, criticó que no se investiguen denuncias de tales magnitudes, lo que
a su juicio evidencia la debilidad institucional del país. “Es inaudito que no
se abra una investigación por el lavado de dinero en Andorra. Cuando alguien
saca esa cantidad de dinero, implica que muchas personas estaban involucradas y
que se gozaba de un gran nivel de discrecionalidad”, señaló.
Aclaró que el problema no es
la falta de tecnología para investigar, pues en el país los aparatos de
investigación “son estupendos” y están equipados con lo necesario.
La
punta del iceberg
Desde la Comisión de
Contraloría de la Asamblea Nacional se ha pedido investigar los casos de
corrupción, pero eso no ha ocurrido.
El diputado Andrés
Velásquez, integrante de esa comisión, aseveró que Venezuela se convirtió en
una trinchera para la corrupción porque las instituciones encargadas de
investigar las denuncias –la propia comisión, la Fiscalía o la Contraloría– no
tienen voluntad para hacerlo.
“No hay una determinación de
atacar la corrupción porque se caería el gobierno solo. Hay demasiados
involucrados del alto gobierno, del medio gobierno y de todos los equipos que
tienen. Además, hay muchos militares involucrados”, indicó.
Dijo que los casos que el
gobierno se ufana de investigar son insignificantes en comparación con
denuncias como las de Giordani.
Uno de los pocos
oficialistas castigados por corrupción en Venezuela fue el ex alcalde del PSUV
en Valencia, Edgardo Parra, a quien se acusó de montar una red de extorsión a
comerciantes valencianos a quienes se exigía grandes sumas de dinero bajo la
amenaza de revocarles las patentes de industria y comercio. Eso ocurrió en 2013
y en 2015 Parra salió de prisión con una medida humanitaria.
El ex alcalde denunció en
2013 que las acusaciones en su contra se hicieron por su pretensión de
reelegirse como alcalde, algo que no aprobaba el alto mando político del
partido.
De Freitas dijo que los
delitos de Parra son insignificantes si se comparan con las denuncias
recientes, como los 4,2 millardos de dólares que se blanquearon. “6 personas
tenían 4,2 millardos de dólares en el exterior, una cifra extraordinaria. Eso
es más que el presupuesto de muchos países. Es la punta del iceberg. Pero, lamentablemente,
la televisión oficial hace esfuerzos gigantescos para que le gente no se
acuerde de eso”, señaló.
¿Qué hacer entonces? De
Freitas responde que la única opción es seguir exigiéndoles a las instituciones
cada día. “Las instituciones públicas se mueven cuando los ciudadanos se
mueven. Los corruptos no se pueden quedar con el país”, agregó.
Quien fuera testigo de
primera línea, Jorge Giordani, admitió hace semanas en la presentación de su
libro Encuentros y desencuentros en una construcción bolivariana que la
situación está lejos de solventarse: “¡Hay gente que anda robando por allí, en
el gobierno! ¡Y sigue robando, carajo! ¿Y entonces? ¿Hasta cuándo?”.
Se
fugaron $ 25 millardos
El entonces ministro de
Planificación y Finanzas Jorge Giordani admitió en 2013 que por el Sistema de
Transacciones con Título en Moneda Extranjera salieron del país 25 millardos de
dólares.
Un año antes, la ex
presidente del Banco Central de Venezuela Edmée Betancourt admitió que Cadivi
había aprobado 20 millardos de dólares a empresas de maletín.
A raíz de su declaración,
Armando León, entonces director del BCV, la sustituyó como único vocero
autorizado en el instituto emisor, y ella fue destituida por órdenes de Nicolás
Maduro. Betancourt había sido designada días antes de que estallara el
escándalo sobre presunta corrupción en el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social durante su gestión.
La Comisión de Mercados y
Valores de Estados Unidos consiguió suficientes pruebas para incriminar y poner
tras las rejas a la ex gerente de finanzas de esa institución y a otras tres
personas por el pago de sobornos para transar bonos de la cartera del banco y
obtener importantes ganancias. Las sanciones se produjeron fuera de Venezuela.
Mercedes De Freitas,
directora de Transparencia Venezuela, considera que el control cambiario que
existe desde 2003 ha sido la principal causa de corrupción en el país.
“El control de cambio es un
antro. Es muy atractivo para un funcionario que tiene en sus manos la decisión
de autorizar un dinero. La diferencia entre 6,3 bolívares por dólar y 190, en
el caso del Sistema Marginal de Divisas, es tan gigantesca que lo hace muy
atractivo. Además, el riesgo que corren es muy bajo. Se pueden comprar muchos
silencios con tanto dinero”, señaló.
Al
olvido la comida podrida
Otro caso de corrupción que
alarmó a la opinión pública venezolana tiene que ver con las 123.725 toneladas
de alimentos que se encontraron descompuestos en 2009 y cuya responsabilidad de
distribución era de la red de mercados Pdval.
La cantidad de comida que el
gobierno admitió que se dañó fue mucho menor: 26.350 toneladas. Sin embargo, El
Nacional reveló que a principios de 2009 el entonces ministro de Petróleo y
Minería, Rafael Ramírez, recibió un memorando en el que se advertía que se
destinaron 2,2 millardos de dólares para la importación de 143.866 toneladas de
alimentos, de las cuales solo se distribuyó 14%; es decir, 123.725 toneladas de
comida estaban decompuestas o vencidas.
En mayo de 2010 comenzó la
investigación y se detuvo a los implicados: el presidente de Pdval para ese
entonces, Luis Enrique Pulido, y los directores de operaciones Ronald Flores y
Vilyeska Betancourt. A principios de 2012 fueron liberados porque pasó un año
sin que se iniciara el juicio.
Neidy Rosal, diputada del
Consejo Legislativo de Carabobo, dijo que en febrero de 2011 se consignó una
nueva denuncia por hallazgos de alimentos descompuestos (mortadela) en un
depósito de Pdval en Guacara, en su entidad.
¿Qué pasó con esos casos?
Rosal explicó que no se ha castigado a los responsables y que, en lugar de eso,
se premió al que era entonces ministro de Alimentación, Carlos Osorio, a quien
Hugo Chávez destituyó, pero que Nicolás Maduro ratificó en el mismo cargo la
semana pasada.
Además, a la investigación
se le aplicó la “operación morrocoy”, denunció Rosal: “La investigación está en
el tribunal 30 de control de Caracas esperando sorteo del tribunal para iniciar
el juicio. Pulido, Flores y Betancourt siguen libres, esperando que se inicie
el juicio. Exigimos a la Fiscalía que inicie el sorteo”.
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